Internacional - Las sanciones contra Hezbolá en Latinoamerica muy a menudo son limitadas

ENLACE JUDIO MÉXICO/ Se cree que las sanciones contra los financistas del terror están entre las herramientas más eficaces que tiene el gobierno estadounidense en su arsenal de guerra económica.

En la práctica, sin embargo, estas medidas tienen sólo un impacto limitado. Las sanciones estadounidenses contra Hezbolá en Latinoamérica son una ilustración perfecta de esto.

Desde el año 2004, el Departamento del Tesoro ha sancionado periódicamente a los financistas de Hezbolá en Latinoamérica. Pero muchos siguen activos en el comercio y finanzas ilícitos, pueden viajar al exterior, y probablemente disfrutan de importante acceso al sistema financiero global.

Su desafío destaca la necesidad de contramedidas urgentes.

Consideren, por ejemplo, el caso de Sobhi Mahmoud Fayad. Fayad fue designado por el Departamento del Tesoro en el año 2006 por servir como un enlace entre la embajada iraní y Hezbolá en la Zona de la Triple Frontera (ZTF) — la región fronteriza donde se cruzan Brasil, Argentina y Paraguay.

El Tesoro dijo que él estaba involucrado en tráfico de drogas y falsificación de moneda estadounidense.

Al decir de todos, la designación del Tesoro debió haberlo sacado del negocio. Sin embargo Fayad es, a los 70 años, un visitante frecuente de la tierra de Hezbolá en el sur de Líbano y un viajero del mundo que parece no tener ningún problema realizando transacciones financieras a miles de millas de distancia de su casa en Paraguay.

Recientemente, en septiembre, participó en el hajj, el peregrinaje musulmán a los lugares santos del Islam en Arabia Saudita, antes de pasar más de dos meses en Líbano. Él viajó allí desde Paraguay, en clase business, y se registró en una cadena hotelera internacional de cinco estrellas a su llegada.

Esta no fue la única vez. En diciembre pasado fue de peregrinaje a Irak, después de obtener su visa iraquí y comprar un boleto de avión mientras estaba en Líbano.

El suyo no es un caso aislado. Otros individuos y entidades de Hezbolá designados por el Tesoro en Latinoamérica gozan del mismo grado de impunidad.

Uno de ellos es el Jeque Bilal Mohsen Wehbe, sancionado en el 2010 como “principal representante de Hezbolá en Latinoamérica.” Él sigue siendo uno de los principales clérigos en el Centro Islámico de Brasil de São Paulo, apareciendo con regularidad en público con otras figuras religiosas y políticas, incluida la visita en el 2015 de Hassan Khomeini de Irán a Brasil.

Otro es Hatem Ahmad Barakat, a quien el Tesoro designó en diciembre del 2006. Sus cuentas en redes sociales sugieren que viaja libremente a través de la frontera entre Paraguay y Brasil mientras maneja un negocio de electrónica y juguetes de niños en Luanda, Angola.

Su hermano, Hamze Ahmad Barakat, también sancionado en el 2006, conduce de igual manera el negocio de ellos, con poca preocupación por las sanciones del Tesoro.

A las autoridades brasileñas les llevó siete años arrestar a Hamze en mayo del 2013 por operar un plan fraudulento en la industria de la vestimenta en lugar de bajo cargos terroristas. Hamze fue liberado poco después, y su juicio todavía está en curso. Como sugieren las huellas de sus redes sociales y las entradas al registro comercial de Brasil, sus problemas con la justicia brasileña difícilmente son un obstáculo para sus actividades actuales.

Igual que con los individuos, ocurre con las empresas. Galería Pagé, un centro de compras en Ciudad Del Este, Paraguay, al cual sancionó EE.UU en el 2006, sigue siendo un negocio abierto, habiéndose renombrado meramente como Galería Uniamericana.

Claramente, las sanciones del Tesoro no son suficientes para bloquear estas actividades. ¿Qué se puede hacer?

Como explicó hace poco mi colega David Weinberg, la Orden Ejecutiva 13224, la herramienta para las designaciones latinoamericanas de Hezbolá, fue presentada por primera vez a raíz de los ataques terroristas del 11/S para interrumpir a los financistas terroristas y frustrar sus esfuerzos por explotar el sistema financiero.

En teoría, una designación bajo la orden ejecutiva impide que los objetivos accedan al sistema financiero de EE.UU y da más poder a EE.UU para ir detrás de los que ofrecen apoyo material y servicios financieros a terroristas, donde sea que se encuentren.

Pero fuera de EE.UU, el alcance de estas medidas es limitado, a menos que el Tesoro sostenga sus designaciones iniciales con datos de identificación y financieros actualizados, y también apunte a los que ofrecen apoyo material y servicios a entidades designadas.

La legislación que está bajo consideración en el Congreso podría por último cobrar un precio a esas jurisdicciones que protegen a los evasores de las sanciones. Fayad, Wehbe, los Barakat, Galería Pagé y otras entidades designadas de Hezbolá en Latinoamérica operan principalmente en Brasil y Paraguay.

Nuevas medidas pondrían a ambos países sobre aviso y obligarían a una elección entre aplicar sanciones financieras antiterroristas y poner en peligro las relaciones — financieras y diplomáticas — con Washington.

Uno de los mayores legados del mundo posterior al 11/S es la capacidad de EE.UU de combatir al terrorismo a través de guerra económica. Pero las armas son sólo eficaces con el tiempo si son recalibradas o afiladas.

Esto será especialmente necesario en la lucha contra los financistas del terrorismo de Hezbolá en Latinoamérica.


Fuente: The Hill
Traducido por Marcela Lubczanski para Enlace Judío México