El informe destaca el fracaso del gobierno de México en la protección de la libertad religiosa

El documento, titulado “Protección en papel: La situación de la libertad de religión o de creencias en México”, identifica dos principales fuentes de violaciones a este derecho fundamental: las acciones de grupos delictivos organizados y los abusos que ocurren en comunidades regidas por el sistema de usos y costumbres, donde las autoridades tradicionales ejercen amplias facultades sobre la vida comunitaria.

Según el informe, en numerosas comunidades indígenas los líderes locales consideran que tienen la autoridad para imponer prácticas y creencias religiosas específicas. Como consecuencia, quienes profesan una fe distinta pueden ser obligados a realizar contribuciones económicas o participar en celebraciones religiosas vinculadas a la religión predominante.

La negativa a cumplir con estas exigencias puede derivar en graves consecuencias, entre ellas la negación de derechos relacionados con nacimientos y sepulturas, la pérdida del acceso al trabajo y al voto, restricciones a servicios básicos, daños a la propiedad, amenazas, detenciones arbitrarias, actos de violencia e incluso desplazamiento forzado.

El informe también documenta casos en los que grupos delictivos organizados limitan la libre circulación de las personas para proteger sus operaciones o evitar la presencia de fuerzas de seguridad. Estas restricciones afectan directamente las actividades religiosas, que en algunos lugares deben ser suspendidas o resultan imposibles de realizar.

Asimismo, líderes religiosos que denuncian públicamente la violencia o las actividades ilícitas suelen convertirse en blanco de amenazas, agresiones y, en los casos más graves, desapariciones, desplazamientos forzados o asesinatos.

CSW advierte además que muchas de estas violaciones no reciben una atención adecuada por parte de las autoridades estatales y federales. Esta situación genera un círculo de impunidad que desincentiva a las víctimas y testigos a presentar denuncias, ya que consideran poco probable recibir protección o justicia.

Pablo Vargas, director nacional de Impulso18, afirmó que el gobierno mexicano debe fortalecer la educación sobre la libertad de religión o de creencias en todos los niveles. Señaló que es fundamental promover la independencia del Estado frente a cualquier confesión religiosa y garantizar que todas las personas puedan practicar libremente su fe sin discriminación ni favoritismos gubernamentales.

Vargas también destacó la necesidad de fomentar valores que reflejen el respeto por la vida, la dignidad humana y los derechos fundamentales, con el fin de construir una sociedad más inclusiva donde las distintas creencias sean respetadas y protegidas.

Por su parte, Anna Lee Stangl, directora de incidencia política y líder del equipo para las Américas de CSW, instó a las autoridades mexicanas a enfrentar con urgencia la cultura de impunidad que rodea muchas violaciones de derechos humanos. Subrayó que tanto los integrantes de grupos criminales como los líderes comunitarios que intentan imponer la uniformidad religiosa deben rendir cuentas ante la justicia.

La representante de CSW añadió que las víctimas necesitan la certeza de que denunciar los abusos traerá una respuesta efectiva del Estado y medidas de protección que eviten nuevas violaciones.

El informe constituye un llamado a las autoridades mexicanas para fortalecer la protección de la libertad religiosa y garantizar que todas las personas, independientemente de sus creencias, puedan vivir y practicar su fe con seguridad y dignidad. Para las comunidades cristianas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, la promoción de la libertad de conciencia y de religión sigue siendo un paso esencial para construir sociedades más justas, pacíficas y respetuosas de la diversidad.

Fuente: Mundo Cristiano